Mientras que la región mira con especial atención el experimento uruguayo de regular la producción, distribución y venta de la marihuana, Chile avanza en su propia legislación. Esta semana, el flamante gobierno de Michelle Bachelet anunció su intención de tomar una política más flexible con respecto al consumo de cannabis. “No es una droga dura”, justificó la nueva ministra de Salud, Helia Molina. El decreto con la exclusión del listado de drogas consideradas peligrosas espera la firma de la presidente y su posterior publicación en el diario oficial, pero el asunto ya está prácticamente cerrado.

Resulta paradójico que haya sido la gestión anterior de Bachelet la que definió que la marihuana fuera añadida, en 2008, a la lista de sustancias calificadas de alta toxicidad y de generar un alto nivel de dependencia. Ahora, hasta se ha dejado la puerta abierta para el debate sobre la despenalización, en principio, para el uso terapéutico, según se desprende del programa para los primeros 100 días de gobierno que presentó la mandataria durante la campaña electoral. En el país, ya está permitido el consumo personal, pero el cultivo y la venta están penados por la ley y no faltan las voces que claman por su legalización.

En diciembre del año pasado, el Congreso uruguayo aprobó la iniciativa -impulsada por el gobierno de José Mujica- para legalizar la cadena de producción y distribución de la marihuana. El mandatario había explicado que el resto de las políticas de lucha contra el narcotráfico no habían funcionado y que era momento de pensar una nueva estrategia. La reglamentación de la ley está prevista para el 10 de abril, pero ya se sabe que la planta se cultivará en un predio de las Fuerzas Armadas, que se darán 10 gramos por persona y que la producción la hará el Estado, aunque estará abierta a privados y al autocultivo limitado.

Fuente: LaCelosia