Para la fiscalía antidroga no parece ser suficiente que la asociación de usuarios de cannabis Pannagh, clausurada en 2011, estuviera constituida y registrada con todas las de la ley, que cumpliera religiosamente con sus obligaciones con el fisco y con la Seguridad Social, o que su ocupación fuera de dominio público durante los ocho años que permaneció operativa. Ni siquiera que todas las causas anteriores en su contra fueran desestimadas o archivadas en resoluciones judiciales firmes.

Presuntamente, nada de todo eso tiene valor ya que, tal y como les ha sido comunicado recientemente a cinco de sus integrantes en el escrito de acusación presentado, deben afrontar una petición de 22 años de cárcel y multas por una cuantía cercana a los tres millones de euros acusados de un «delito de tráfico de drogas con cantidad de notoria importancia» y de otro de «integración en grupo criminal».

Dos imputaciones que han dejado boquiabiertos a los socios de este club cannábico, a representantes de otras plataformas ciudadanas dedicadas al autocultivo -se calcula que en el Estado funcionan unas setecientas- y a multitud de personas anónimas y conocidas, sabedoras todas ellas de cuál era la actividad a la que se dedicaba esta asociación vasca. En palabras a DEIA del presidente de Pannagh, Martín Barriuso, «estamos flipando. Y lo más gracioso es que nos acusan de integración en grupo criminal».

Las imputaciones de la fiscalía no son un órdago ya que las cuentas, viviendas y propiedades del propio Barriuso, del tesorero Igor Gaminde y de la secretaria de la asociación han sido embargadas para responder ante la fianza de un millón de euros impuesta. «Ocho años de actividad pública, con resoluciones judiciales a nuestro favor y pagando impuestos, Seguridad Social, y de repente descubren que somos un grupo criminal. En fin, que estamos flipando», insistía descolocado.

«NO ES CASUALIDAD» La imputación llegó poco después de que Barriuso y medio centenar de voces expertas en cannabis debatieran en el Parlamento Vasco sobre la necesidad de articular una regulación del consumo. «Creemos que no es casualidad, que hay una ofensiva del Gobierno español, de la fiscalía y la nueva Ley de Seguridad Ciudadana», describía Barriuso, quien sospecha que el objetivo final es acabar con el autocultivo y con los clubes cannábicos.

«No quieren llegar a criminalizar el consumo porque saben que los jueces se negarían a condenar a nadie por consumo privado y se sacan de la manga una ley orgánica que hace que, sin intervención de los jueces, sea posible reprimir a la gente que está intentando mantenerse al margen del tráfico; porque se sanciona el que cultives sin que sea tráfico, que es para uso privado. La conclusión es clara: prefieren traficantes. No sé, esperarán recaudar impuestos de la mafia…», ironizaba.

De momento, la maquinaria judicial ya ha echado a andar. A la espera de que se celebre la vista -para la que no hay fecha- desde Pannagh confían en poder frenar el proceso ya que uno de los recursos que presentaron hace dos años ha sido estimado por la Audiencia Provincial, que ha ordenado detener la destrucción de la marihuana incautada para que pueda ser contraanalizada por ellos mismos. «Pero ni sabemos si se ha destruido ya», lamentaba Barriuso. Mañana, en Bilbao, otros clubes cannábicos y ciudadanos a título personal -entre los que se cuentan ex cargos políticos de distintas sensibilidades-, darán su apoyo a Pannagh.

Fuente: Deia