El gobierno volvió a enfrentarse a la ONU luego que el organismo condenara la legalización de la marihuana. Julio Calzada, titular de la JND, opinó que otros países como Holanda hace 37 años violan los convenios internacionales sobre drogas.

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de Naciones Unidas señaló en un comunicado que la legalización del cannabis viola los convenios internacionales. El presidente del organismo Raymond Yans fue más duro aún y acusó a Uruguay de «pirata» por violar la Convención de drogas de 1961.

Las palabras de Yans desataron la furia del presidente José Mujica, quien la semana pasada se refirió al presidente de la JIFE como un «viejo careta» al que lo iba a tratar «bien terraja». El secretario de la Junta Nacional de Drogas, Julio Calzada, señaló ayer en Buenos Aires que los dichos de Yans constituyen un «exabrupto de una persona que se descontrola ante el desmoronamiento de una política».

En el marco de su participación en una conferencia organizada por la embajada uruguaya en Argentina para explicar la legalización de la marihuana, Calzada le restó trascendencia a las críticas internacionales que surgieron después de la aprobación de la ley.

«Qué diría Yans entonces de Holanda que hace 37 años que está incumpliendo las convenciones. Nos gustaría que las declaraciones de él hacia eso, fueran del mismo tono que las que dijo en relación a nosotros», señaló Calzada.

Asimismo, el secretario de la Junta de Drogas manifestó que Yans no se refirió de la misma manera hacia Uruguay que a Estados Unidos, donde en varias localidades está legalizada la marihuana. «Un aspecto que me parece importante y que muestra quién es el señor Yans es que cuando habló de Uruguay, lo hizo de una manera abismalmente diferente a cuando hizo referencia a Estados Unidos», remarcó Calzada.

«Creo que solamente de mirar la dualidad de criterios y el tono con el cual Yans se refirió a esto da cuenta de un eurocentrismo demasiado exacerbado», señaló Calzada en su conferencia internacional.
Por otra parte, el secretario de la Junta de Drogas opinó que la JIFE debería abstenerse de hacer menciones de carácter político sobre el tema y agregó que el organismo político de Naciones Unidas es la Comisión de Estupefacientes, la cual aún no se expidió sobre la legalización del cannabis.

En cuanto a la visión que el gobierno uruguayo tiene sobre la repercusión de la iniciativa en América Latina, Calzada dijo que hay «una mirada muy positiva de las reacciones que se dieron en la región» a través de lo expresado en la Comisión Interamericana de Control del Abuso de Drogas (Cicad) que se realizó en Bogotá.

«Tuvimos una respuesta y posiciones de respeto de todos los países, que era lo que nos importaba, reacciones positivas en la medida en que no afecten a terceros países», señaló Calzada. Al mismo tiempo, indicó que Uruguay no pretende ser «un modelo para nadie», aunque señaló que la legalización debe ser debatida globalmente.

Durante su discurso, Calzada dijo que en Uruguay no habrá «canillas de marihuana», sino que la ley se creó para regular un mercado ya existente y no tiene la intención de promover el uso de la droga.

«Los consumidores antes eran para el imaginario social criminales, aunque eso no estaba penado, y esta medida tiene el ánimo de corregir esa incongruencia legislativa y por lo tanto garantiza derechos», explicó.

A su vez, Calzada insistió en que la legalización del cannabis no generará un narcoturismo, como se sostiene por parte de la oposición. «La ley es restrictiva, pone reglas del juego a una actividad que existe y el acceso es sólo para residentes en Uruguay que pueden ser uruguayos, chinos, iraníes o argentinos, pero deben tener una carta de residencia y con la que pueden acceder a hasta 40 gramos mensuales que se expedirán» en las farmacias, subrayó.

Impuestos.
El subsecretario de Economía, Alejandro Antonelli, dijo a El País que en la fase inicial la marihuana que se venda en farmacias tendrá una baja carga impostiva.

«Estamos hablando de que es un producto que no tiene una alta elaboración, porque sería igual a un producto natural y termina siendo como cultivar flores porque no tiene otra transformación posterior», explicó el subsecretario.

Esto implicaría que la marihuana que se venda para uso recreativo no sería gravada con el Impuesto Específico Interno (Imesi) como ocurre hoy con otros productos como el cigarrillo y las bebidas alcohólicas.

En cambio, el procesamiento industrial de la marihuana empleado entre otras cosas para la producción de celulosa, se regiría por otros tributos.

Empleos.
Por su parte, el subsecretario de Interior, Jorge Vázquez, indicó a El País que la reglamentación de la ley que legalizó la producción y venta de marihuana, deberá regular los consumos de trabajadores en «empleos que se encuentren en situación de riesgo».

El Sindicato Unificado de Policías Uruguayos de Montevideo planteó esta semana que los agentes no deben consumir marihuana porque tienen que estar «totalmente descontaminados de toda sustancia que pueda alterar» sus sentidos.

Vázquez sostuvo que la reglamentación tendrá que contemplar «esa situación como a otra gente que trabaja en situaciones de riesgo, en las que no es adecuado consumir ni marihuana ni ningún tipo de droga, ni siquiera alcohol». Entre ellas enumeró: «la gente que conduce, los obreros de la construcción que trabajan en los andamios y los pilotos».

Al ser consultado sobre si habrá que prohibir el consumo a los policías o ayudarlos en la rehabilitación, Vázquez aseguró que eso deberá ser evaluado en el momento de efectuar la reglamentación de la ley.

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, indicó que «no es conveniente el consumo de marihuana por parte de la Policía, pero habrá que verlo en la reglamentación».

Usuarios importan semillas
El subsecretario de Economía, Alejandro Antonelli, dijo a El País que en la reglamentación de la ley que legaliza la marihuana no está previsto que el Estado importe semillas para la producción de la droga.

«Las semillas deberán ser aprobadas por parte del Estado, pero van a ser proporcionadas por los particulares. El Estado no va a importar, por eso la ley es de regulación, lo que hace el Estado es exigir el registro o de la planta o de la semilla», dijo Antonelli.

El Ejecutivo diseña un mecanismo de trazabilidad para controlar la variedad de droga que se usa tanto para la venta en farmacias como para el autocultivo.

Fuente: ElPaisUruguay