Para la Fiscalía antidroga no parece ser suficiente que la asociación de usuarios de cannabis Pannagh, clausurada en 2011, estuviera constituida y registrada con todas las de la ley, que cumpliera religiosamente con sus obligaciones con el fisco y con la Seguridad Social, o que su ocupación fuera de dominio público durante los ocho años que permaneció operativa. Ni siquiera que todas las causas anteriores en su contra fueran desestimadas o archivadas en resoluciones judiciales firmes.

Presuntamente, nada de todo eso tiene valor ya que, tal y como les ha sido comunicado recientemente a cinco de sus integrantes en el escrito de acusación presentado, deben afrontar una petición de 22 años de cárcel y multas por una cuantía cercana a los tres millones de euros acusados de un «delito de tráfico de drogas con cantidad de notoria importancia» y de otro de «integración en grupo criminal». Dos imputaciones que han dejado boquiabiertos a los socios de este club cannabico, a representantes de otras plataformas ciudadanas dedicadas al autocultivo -se calcula que en el Estado funcionan unas setecientas- y a multitud de personas anónimas y conocidas, sabedoras todas ellas de cuál era la actividad a la que se dedicaba esta asociación vasca. En palabras a DNA del presidente de Pannagh, Martín Barriuso, «estamos flipando».

Las imputaciones no son un órdago ya que las cuentas, viviendas y propiedades del propio Barriuso, del tesorero Igor Gaminde y de la secretaria de la asociación han sido embargadas para responder ante la fianza de un millón de euros impuesta. «Ocho años de actividad pública, con resoluciones judiciales a nuestro favor y pagando impuestos y de repente descubren que somos un grupo criminal», insistía descolocado.

La imputación llegó poco después de que Barriuso y medio centenar de voces expertas en cannabis debatieran en el Parlamento Vasco sobre la necesidad de articular una regulación del consumo. «Creemos que no es casualidad, que hay una ofensiva del Gobierno», denunciaba ayer.

Fuente: NoticiasDeAlava