La Santa le club es una asociación legal de defensa del cannabis donde se fuma y se vende

Un juez le devuelve la droga incautada en una redada por no ser un peligro para la salud pública

Pedro Pérez es un morabito del cannabis. Un monje guerrero entregado a la causa de la normalización de las drogas blandas. Porque le gustan y porque lo considera un derecho civil por el que hay que pelear, igual que otros muchos. Y como a la guarida de todo morabito, no resulta sencillo acceder a la sede de La Santa le club, la asociación que preside Pérez y en la que se compra y fuma marihuana libremente porque a sus socios les apetece y porque pretenden que sea el detonante de un debate más amplio. La Santa se ubica en un antiguo bar del centro de Madrid, en una dirección que no se puede desvelar, tras una anónima puerta de acero. Una vez rebasada esta, viene una segunda con una cerradura de huella biométrica que garantiza que solo los socios accedan a la pequeña sala con una barra de bar tras la que reposan tupperwares llenos de marihuana y frigoríficos con bombones de canabis. El blindaje evita visitas indeseadas, pero también es culpable de que la policía, ofuscada al no conseguir entrar, reventara la puerta en una de las cuatro redadas que ha protagonizado allí en un año. Los agentes echaron la puerta abajo y cayeron de bruces a los pies del par de socios que los miraban atonitos. “¿Dónde está el resto de la droga? ¿La habéis destruido?”, cuentan en La Santa que gritaban los policías mientras se sacudían el polvo y se encontraban con un plato de bombones. “Aquí no se destruye nada. y no nos escondemos. Es que queremos ser discretos. Nuestro objetivo es que se normalice el consumo, no dar numeritos”, cuenta Pedro. La asociación defiende el uso lúdico, médico y la investigación con cannabis. En su lucha logró un hito este 10 de enero, cuando un juez fijó la devolución del material incautado en la última intervención policial: 200 gramos de marihuana, bombones, galletas y 275 euros en efectivo. El argumento legal que concedió el magistrado fue que el club, en el que la edad media es de 37 años y nadie se lucra dispensando la droga, no supone un atentado a la salud pública.