Y es que ya ha pasado un año desde que la Fiscalía de Tarragona abriera diligencias al ayuntamiento de Rasquera por su proyecto de plantar cannabis en su término municipal.

El Ayuntamiento de Rasquera ha solicitado a la Fiscalía antidroga de Tarragona que archive las diligencias informativas que abrió hace más de un año por el proyecto de plantación de cannabis en esta localidad al haberse superado el plazo máximo de un año para investigar que marca la ley

El consistorio de Rasquera argumenta, en un pliego de alegaciones al que ha tenido acceso Efe, que unas diligencias previas no pueden superar los 6 meses y solo pueden alargarse hasta los 12 meses si así lo autoriza el Fiscal General del Estado.

«Las presentes diligencias informativas se iniciaron en marzo del 2012 hasta la actualidad (marzo del 2013). Es notorio que las presentes diligencias han sobrepasado, hasta el doble, el límite establecido por la propia normativa que rige la actuación del Ministerio Público», señala el pliego del consistorio.

Y añade, además, que en el caso de la Fiscalía Antidroga, que abrió las diligencias en el proyecto de Rasquera, «está limitada en el ejercicio de sus funciones realizando las diferentes diligencias de investigación -entre ellas las de información- durante un plazo máximo de 6 meses, excepto que se haya prorrogado mediante Decreto, cosa que no ha sucedido».

En declaraciones a Efe, el alcalde de Rasquera, Bernat Pellisa, ha argumentado que «desde 21 de marzo del año pasado que abrieron las diligencias ya se les dio la información, y no entendemos que se prolongue tanto esta cuestión. Entendemos que el hecho ya está en manos del contencioso-administrativo y lo importante es que este tribunal resuelva. La Fiscalía debería cerrar la investigación porque está fuera de lugar ahora mismo».

De hecho, otra de las alegaciones presentadas por el consistorio asegura que el Ministerio Fiscal «ha excedido sus funciones», desde el momento en que el juzgado contencioso-administrativo de Tarragona abrió medidas cautelares a petición de la Abogacía General del Estado y se suspendieron los acuerdos del pleno de Rasquera por los que el Ayuntamiento de esta localidad aprobaba un plan anticrisis que contemplaba la cesión de unos terrenos a la Asociación Barcelonesa Cannábica de Autoconsumo (ABCD) para plantar cannabis en dos invernaderos con 1.000 m2 totales de superficie.

«Lo que quiere exponer esta parte es la incompatibilidad de las presentes diligencias informativas, que acarrean una investigación por parte de la Fiscalía para esclarecer la posibilidad de comisión de un delito cuando, sin embargo, está siendo enjuiciado en un procedimiento contencioso-administrativo el mismo objeto, esto es, los acuerdos aprobados por el ente local», señalan las alegaciones municipales de Rasquera.

«En virtud de lo expuesto», continúa el recurso, «podemos afirmar que el origen de la actuación del Ministerio Fiscal se encuentra al margen de su propio Estatuto, viciada de nulidad e igualmente se ha excedido en sus funciones, en el ámbito temporal, habiendo transcurrido el plazo máximo previsto de 6 meses, ampliables a 12».

«El contencioso ya resolverá. Ya tienen toda la información habida y por haber. Las diligencias eran una medida de presión para el contencioso y el hecho de pedir que se archiven puede ser un impulso para resolver el contencioso», ha agregado por su parte Bernat Pellisa.

Por otra parte, el pleno del ayuntamiento de Rasquera debatirá dentro de unos días una moción que reclama un cambio en la legislación para que los ayuntamientos puedan acoger plantaciones de cannabis destinadas al autoconsumo y uso terapéutico, una propuesta que quiere trasladar al Parlament.